En medio de una feroz controversia ante el decreto presidencial que limita el ejercicio del acceso a la información pública en Argentina, la Biblioteca Popular Posadas propone una interesante charla abierta a cargo de la Magíster Mabel Oviedo, cuya tesis y buena parte de su actividad académica está referida a la temática.
El jueves 26 de septiembre a partir de las 18 horas en la sede dela Biblioteca Popular Posadas, situada sobre calle Córdoba 2069, en la capital misionera, tendrá lugar una charla titulada “Los límites al acceso a la información pública: análisis del Decreto Nacional 780/24” a cargo de Mabel Oviedo, quien además de abogada es Magíster en Semiótica Discursiva por la Universidad Nacional de Misiones. Su trabajo de tesis se denomina “Derecho de acceso a la información pública: análisis de las prácticas discursivas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentinay su representación en la prensa escrita”.
Se trata de una actividad de acceso libre y gratuito.
Además, Mabel Oviedo fue impulsora y coordinadora del Observatorio de Acceso a la Información y Co-autora del proyecto de creación de una Oficina de Acceso a la Información Pública en la Universidad Nacional de Misiones.
También fue integrante de la Comisión de Análisis del Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública del Foro de Trabajadores de Prensa y Comunicación de Misiones (FoPreMi) presentado a la Comisión de Asuntos Constitucionales el 5 de Junio de 2012 y aprobado con las sugerencias realizadas el 7 de junio de 2012, Ley IV –N 58.
Debate actual
El 30 de agosto de 2024, se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina el Decreto 780/2024, el cual modifica la reglamentación de la Ley N° 27.275 de “Derecho de Acceso a la Información Pública”. Este decreto, que interviene en el Decreto N° 206/2017, busca, según se explica en sus considerandos, “clarificar el alcance del concepto de ‘información pública’”. La nueva normativa delimita que la información de carácter privado, especialmente la relacionada con la esfera doméstica de los funcionarios y magistrados, queda excluida del acceso público.
Uno de los fundamentos del decreto destaca la necesidad de ajustar la reglamentación, tras siete años de vigencia de la Ley 27.275, basándose en la experiencia práctica acumulada. El objetivo, aseguran, es mejorar la accesibilidad de la información pública por parte de los ciudadanos.
Entre las modificaciones clave, el artículo 3 del decreto define que no se considerará “información pública” aquella que contenga datos de naturaleza privada, generados o custodiados por personas o entidades privadas, o que no estén relacionados con la gestión de los sujetos obligados por la Ley 27.275.
Por otra parte, el artículo 24, inciso h, introduce un nuevo enfoque en la elaboración de estadísticas, teniendo en cuenta aquellas solicitudes reiterativas que, según la normativa, pueden constituir un abuso del derecho de acceso a la información pública y generar un gasto administrativo innecesario.
La sanción del Decreto 780/2024 generó una oleada de críticas provenientes de más de setenta organizaciones vinculadas a la libertad de prensa y la transparencia, entre ellas el Foro de Periodistas de Argentina (FOPEA) y la ONG Poder Ciudadano. Estos espacios expresaron su preocupación ante lo que consideran un retroceso en el derecho de acceso a la información pública, fundamental para el ejercicio del periodismo y la participación ciudadana.
Asimismo, distintos bloques legislativos manifestaron su rechazo al decreto. Algunos de ellos han impulsado la presentación de un proyecto de ley para declarar la nulidad de la nueva reglamentación, argumentando que podría restringir el acceso a información relevante sobre la gestión estatal, dificultando el control ciudadano sobre las acciones gubernamentales.
El debate en torno al Decreto 780/2024 promete ser intenso en las próximas semanas, con la atención puesta en los efectos que esta nueva normativa podría tener sobre la transparencia en la gestión pública y el ejercicio del periodismo en Argentina.
